Leo en El País una nota interesante de cómo los empresarios se aprovechan de las facilidades que se le dan a las energías renovables. Ojo, no dije aprovechan, sino que se aprovechan de ello para hacer dinero, no para luchar contra el calentamiento global apostando a fuentes renovables de energía.

Y es que para eludir los controles ambientales y también para ganar las primas que se dan por cantidad de megavatios en cada parque, los empresarios lo que hacen es dividir su proyectos en infinidad de parques pequeños. El caso que desató la polémica fue el de 366 aerogeneradores que querían ubicar en una zona protegida para las aves en la vertiente leonesa de la cordillera cantábrica.

Para eludir la declaración de impacto ambiental dividieron el proyecto en 13 miniparques. Pero a la Sociedad Española de Ornitología y a la asociación Urz han presentado un amparo frente a la justicia y el juzgado número 2 de lo Contencioso de León les ha dado la razón.

Lo peor es que no sólo las compañías quisieron eludir los cuidados ambientales, sino que también la Junta de Castilla y León lo ha hecho. Esto no sólo es en perjuicio del medioambiente, sino de la imagen de las energías renovables, ya que luego la gente no las acepta porque van en contra de la flora y la fauna de la región, pero eso es únicamente cuando gente como estos inescrupulosos se aprovechan de los agujeros que hay en las leyes.

Este problema viene desde 2001, ya que desde ese año la Junta de Castilla y León autorizó la construcción de 13 parques casi contiguos. Cada uno con no más de 60 turbinas eólicas y no más de 50 megavatios de potencia. Si se preguntan para qué los dividieron, si sería más rimbombante anunciar un parque de 366 aerogeneradores. El asunto es que si lo anuncian así, no habrían tenido los permisos, ya que serían una amenaza para los urogallos y demás especies protegidas que sobrevuelan Omañas, el Valle de San Emiliano y el Alto Sil, espacios protegidos para las aves por la UE. Pero si en vez de 366 se lo presenta como un simple parque de 60 aerogeneradores, no necesitan autorización, ya que no es una amenaza. Claro, nadie dice que son 13 parques pegados de 60, y la Junta hizo la vista gorda.

Porque hasta 50 megavatios de potencia era la Junta de Castilla y León la encargada de velar por el bien de la fauna y de la flora, si se pasa de 50 es el Gobierno nacional quien se ocupa, y es en teoría mucho más riguroso. Pero a Junto lo hizo así para poder ir dándoles el visto bueno.

Fue gracias a la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y la Protección de la Naturaleza que supimos de esto, quienes fueron reviendo cada uno de los 13 proyectos. Recurrieron a la Junta, obviamente, buscando ayuda, pero nadie les prestó atención. Así fue que terminaron frente a la justicia, y consiguieron que se anulen las aprobaciones.

El País intentó obtener alguna declaración de Endesa, empresa encargada del parque, pero no quisieron hablar, ni siquiera para intentar alguna defensa.

En otras circunstancias la noticia habría sido optimista, todos estaríamos super contentos con un parque inmenso de 366 turbinas eólicas con una potencia de 400 megavatios, pero no a costa de las zona protegidas. Habiendo tantos lugares para emplazarlos, fueron justo a elegir un área protegida, y lo hicieron todo por las malas.

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